Por Helen Montoya
La Constitución de la República de 1982 aprobada en medio del inicio de la democratización en Honduras, contó con una gran influencia de los cuerpos militares que estaban dejando, entre comillas, el poder y pasarlo a civiles. Eso, y la obvia debilidad institucional existente en un país militarizado y con las influencias de las élites económicas, dio como resultado una ampliación de funciones que no está institucionalizado en ningún otro país.
Partimos de que uno de los mayores problemas es la cultura militarista del país, y que, desde la máxima norma jurídica de Honduras, la Constitución de la República, se le da amplias funciones a las Fuerzas Armadas, por lo que esa cultura se ve reflejada en lo más alto del plano jurídico y político. Con esa manifestación normativa los militares han visto una oportunidad de militarizar los espacios públicos y civiles, además de obtener diversas funciones estatales gracias a su cercanía con las élites económicas y políticas del país, pero también gracias al apoyo externo.
No hay que perder de vista que, a partir del golpe de Estado de 2009, los militares iniciaron a consolidar el otrora poderío que tenían en décadas pasadas, al apoyar a las élites hondureñas y mantener luego una cercanía clientelar con el Partido Nacional, que con el ex presidente Juan Orlando Hernández (JOH), se vio incrementada, al obtener mayor presupuesto, facilidades de inserción en la vida civil y nuevos espacios de poder en el Estado.
Entre 2010 y 2018 se aprobaron al menos 36 decretos legislativos, sobre los sectores de defensa y seguridad, con el fin de tener el marco jurídico necesario para remilitarizar los espacios públicos. De esa forma, las mayores partidas presupuestarias y su presencia en todo el territorio nacional en diferentes ámbitos de la vida diaria.
La remilitarización en la que se ha visto inmersa Honduras ha significado el uso de considerables recursos destinados para el sector de seguridad y defensa. El presupuesto asignado anualmente crece, además de recibir asignaciones de la Tasa de Seguridad y los recursos provenientes de la OABI (Oficina de Administración de Bienes Incautados), que, para un país con tantos problemas económicos y sociales, se podrían utilizar para combatir los males endémicos como la salud, la educación, vivienda, entre otros.
La principal razón que arguyó el gobierno de JOH para la remilitarización, se basó en los altos índices de violencia interno, el impacto del crimen organizado, teniendo como mayor referencia el narcotráfico, que se lograron reducir un poco. Sin embargo, y como se ha visto en la realidad, ha sido la excusa perfecta utilizada por los gobiernos para congraciarse con las élites del poder militar.
La realidad, es según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Honduras, que en los últimos nueve años la tasa de homicidios mantiene una tendencia a la baja en Honduras. Sin embargo, en 2021, con cifras preliminares al primer semestre, se proyecta una tasa de 39.0%, mayor a la de 2020.
A esos resultados positivos, pero mínimos, no se puede perder de vista las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos castrenses, que no tienen la formación ni capacidades para actuar en el plano de seguridad pública, y que se vieron acrecentadas, luego de las elecciones de 2017.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) en un informe titulado “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras” indicó que “la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos”. Y que “elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes”.
Por ello es que se ve el proceso de remilitarización como un retroceso en la incipiente democracia hondureña, que más bien, tiende a tener gobiernos que inciden en darle más poder a los militares, incluso mayor que a otros poderes del Estado, o la complicidad de los poderes del Estado, como el Congreso Nacional, para reformar y aprobar esas Leyes y Decretos que se aprobaron luego del golpe de Estado.
Asimismo, el poder civil quedó completamente invisibilizado en el país, para quedar resguardado por las fuerzas militares.
Es así como, los expresidentes Lobo y Hernández (JOH, incluso desde que fue diputado y luego presidente del Congreso Nacional) fomentaron una alianza fuerte con militares para mantenerse en el poder, que tuvieras incidencia en las decisión estatales, unas fuerzas armadas beligerantes en el sistema político, con lo que se dio el paso a un régimen que sobrevivió gracias al alto grado de militarización que existe en el país, dado su debilidad institucional y apoyo de la población, por la falta de legitimidad, legalidad y reconocimiento a nivel interno.
La democracia se vio fuertemente afectada tras el golpe de Estado en 2009, y luego, por la falta de una institucionalidad y reencauzamiento de un régimen democrático en el país. Más bien el rasgo de la remilitarización cortó cualquier esperanza de que Honduras tuviera nuevamente un período basado en las libertades, respeto a los derechos humanos y una real separación de poderes.