Para Rockefeller Brothers Fund Por IBI Consultants
Este informe es una antología de estudios que examinan los procesos de remilitarización en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) realizados por destacados investigadores académicos en cada país con el apoyo del Rockefeller Brothers Fund. En estos países, Estados Unidos es e históricamente ha sido un actor externo dominante. Como caso comparativo examinamos Nicaragua, más estrechamente alineada con Rusia. En todos los países, los militares habían gobernado directamente o a través de representantes civiles durante la mayor parte de los 150 años previos.
En la década de 1990, las negociaciones que pusieron fin a las tres guerras civiles de la región dieron los primeros pasos hacia reformas democráticas reales, permitiendo que Centroamérica se alejara de las guerras civiles, las luchas revolucionarias y las sangrientas batallas de poder de la Guerra Fría. Cada país se dedicó a la construcción de nuevas y frágiles instituciones democráticas liberales. Se entendió correctamente que las amplias reformas estructurales, constitucionales y doctrinales de las fuerzas armadas como institución eran fundamentales para construir sociedades más inclusivas y equitativas con instituciones funcionales regidas por el estado de derecho y sujetas a normas democráticas.
Hoy, esta base que alguna vez fue esperanzadora se está erosionando, alimentando el creciente autoritarismo y la crisis paralela de legitimidad, el aumento de los abusos contra los derechos humanos, la corrupción masiva, la desinstitucionalización y las olas de migración a los Estados Unidos y otros lugares para escapar del nuevo y destructivo regreso al pasado. Conduce cada vez más los escasos recursos hacia militares que no tienen una amenaza externa real que combatir
Ahora hay mucho en juego: está por verse si las fuerzas democráticas pueden recuperar de manera sostenible el terreno perdido contra las fuerzas militares y autoritarias que buscan regresar al pasado, o si los últimos 25 años de frágil progreso democrático son una anomalía histórica reversible que pudiera desaparecer.
A pesar de lo que está en juego, los legisladores estadounidenses y demás partes interesadas regionales apenas culpan a la remilitarización como una causa fundamental de la crisis de la región. La administración del presidente Biden ha revelado tres estrategias principales que podrían y deberían abordar el fenómeno, pero ninguna mencionó el regreso de los militares a roles prominentes en la seguridad interna, el desarrollo económico y la interferencia política como fomento del autoritarismo.
En todos los países, la situación actual culminó en acontecimientos decisivos que consolidaron el paradigma de la remilitarización. En cada punto de ruptura, los militares y las élites fortalecieron su alianza a través de la voluntad de cada lado de proteger al otro y así volver a tejer el viejo modelo. En cada caso, los militares cosecharon enormes beneficios económicos, con mayores presupuestos y con acceso a ganancias de sectores civiles clave para la economía.
No hay duda de que el Triángulo Norte enfrentó enormes desafíos de seguridad a lo largo de las primeras dos décadas del siglo 21 . La deportación masiva en la década de 1990 de centroamericanos que cumplieron condenas en Estados Unidos a sus países de origen fue un factor clave. Como se describe en los estudios, los gobiernos de la posguerra inmediatamente empoderaron a los militares para abordar estos desafíos, en lugar de abordar las causas fundamentales de la violencia a través de la lente de reformas incompletas, una marcada falta de voluntad política, una creciente corrupción y la falta de recursos de actores clave, no militares, como la policía civil, la reforma penitenciaria, la reforma judicial y las instituciones anticorrupción.
En cada caso, los militares fueron llamados de nuevo a asumir funciones de seguridad interna a pesar de las nuevas reformas. Inicialmente, la intervención militar estaba, al menos, nominalmente bajo el mando de agentes de la policía civil. Con el tiempo, los militares – a menudo con el estímulo y financiamiento de los Estados Unidos para apoyar las misiones antinarcóticos– se volvieron dominantes.
La dependencia en la milica en lugar de abordar los problemas socioeconómicos subyacentes ha llevado a una política impulsada por el entendimiento de que las soluciones a los crecientes problemas sociales y las altas tasas de criminalidad son un problema de ocupación territorial por parte de las fuerzas estatales, lo que lleva a más violencia y minimiza el impacto potencial de las iniciativas políticas no violentas.
En El Salvador vemos que los militares desempeñan un papel clave e inconstitucional en las detenciones masivas de 53.000 presuntos pandilleros llevadas a cabo durante el Estado de Excepción en curso instaurado por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022. En un momento de profunda depresión económica y colapso por la pandemia de COVID, el ejército está viendo aumentos históricos en su presupuesto y personal, mientras que el, ahora servil, sistema judicial, cierra arbitrariamente los casos de abusos históricos contra los derechos humanos que implican a los militares.
En Guatemala, el mayor papel e influencia de los militares afecta desproporcionadamente a las comunidades indígenas y municipios que viven cerca de minas comerciales operadas por extranjeros, beneficiando a la élite política, como se ejemplifica en el estado de sitio impuesto a El Estor, Izabal. También afecta a las comunidades que viven en áreas con una presencia significativa del narcotráfico.
En Honduras, la mayor dependencia de los militares para responder a los desafíos de seguridad pública afecta desproporcionadamente a las comunidades en Gracias a Dios, Olancho y a lo largo del Mar Caribe, donde el narcotráfico prospera junto con la alta concentración de posesión de tierras. Las comunidades indígenas y los activistas ambientales enfrentan grandes amenazas mientras abogan por los derechos a la tierra ganados con mucho esfuerzo contra los deseos del grupo oligárquico de la región. La violencia sistémica de los militares contra las mujeres y el acoso dirigido a las personas LGBTQ+ es visible en la zona.
In Nicaragua, the regime’s chief ally, Russia, has fully embraced the authoritarian practices of the Ortega family and provided both weapons and intelligence equipment to keep the regime in power though the use of force. The armed forces are a key part of the widespread repression while carrying out predatory economic extraction in the mining, timber and fishing industries as the price for loyalty to the regime.
En Nicaragua, el principal aliado del régimen, Rusia, ha adoptado plenamente las prácticas autoritarias de la familia Ortega y ha proporcionado armas y equipo de inteligencia para mantener al régimen en el poder mediante el uso de la fuerza. Las fuerzas armadas son parte clave de la represión generalizada además de que llevan a cabo una extracción económica depredadora en las industrias minera, maderera y pesquera como pago por su lealtad al régimen.
Como muestran los investigadores en estos estudios, la región está cerca de un punto de inflexión más allá del cual tratar de recuperar incluso los más frágiles y defectuosos procesos democráticos se llevará décadas y enormes recursos. Esto no solo sería una tragedia para la región, que aún se está recuperando de los conflictos que desgarraron a sus sociedades, sino también para los intereses estratégicos de Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio occidental.
Cuando la tendencia de hacer retroceder la influencia militar estaba en aumento, esta creció hasta engullir la mayor parte del hemisferio. Lo opuesto también es cierto. A medida que Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala regresen a las estructuras del pasado, se aprenderán lecciones, lo que supone una tragedia inminente que debe abordarse en todos los niveles, ya sea a nivel local, nacional y más allá.